19 Ene Así es la agenda de reformas de Justicia para 2018
Reformas en la investigación penal, en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, en el proceso civil o en el acceso a las profesiones de abogado y procurador son algunos de los objetivos normativos en materia de Justicia para este 2018. Así viene reflejado en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para el año 2018, aprobado el pasado 7 de diciembre por el Consejo de Ministros, que recoge los objetivos y prioridades políticas de los distintos ministerios. Sin embargo, para que esta planificación se materialice, en particular, para que las leyes orgánicas y las leyes ordinarias previstas en este plan salgan adelante deberán ser aprobadas en el Parlamento.
Por su parte la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil tiene como meta fundamental: mejorar los porcentajes de ejecución de las sentencias. Este trámite judicial es uno de los grandes lastres de la justicia española y para conseguir este objetivo, el Gobierno propone unificar y simplificar dichos procedimientos. Asimismo, con dicha reforma se pretende también reducir la litigiosidad a través del fomento de la mediación, regular la posibilidad de inembargabilidad de las ayudas sociales mínimas para personas en riesgo de exclusión social o mejorar del sistema de notificaciones, ejecución y subasta judicial.
Otro de los puntos en los que se pretende modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como el Código Civil, es en materia de discapacidad, para adaptar su regulación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. Es decir, que la ley contemple una igualdad en el ejercicio de la capacidad de obrar por parte de las personas con discapacidad, y el paso de un sistema de sustitución en la adopción de decisiones por uno de mera asistencia que respete la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona.
El plan anual normativo prevé también para este año, una modificación de la Ley Orgánica del poder Judicial referida al sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que refuerce su independencia y acabe con la politización de justicia. De tal manera que, los vocales del CGPJ que proceden de la carrera judicial sean elegidos por los propios jueces y magistrados y no por las Cortes como hasta ahora.
FUENTE. CINCO DÍAS
