31 Mar LA PROCURA RECLAMA MÁS COMPETENCIAS PARA PROTEGER A LAS VICTIMAS
Las reformas legislativas tan ambiciosas para las que trabaja este Gobierno, sobre todo las Leyes de Eficiencia Procesal, Organizativa y Digital, y la reforma de la LECRIM, deben extremar su protección, empatía y sensibilidad hacia los colectivos más vulnerables porque no debe perderse la perspectiva de una realidad que se encamina sin tregua hacia la especialización y la tecnología pudiendo excluir irremediablemente a la víctima del sistema”, es la gran conclusión de la jornada denominada “Por una representación integral de las víctimas en los Juzgados”, celebrado esta mañana en el Senado y que contó con la participación entre otros, de su presidente; Angel Gil, del presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez, de la presidenta de la Comisión de Igualdad del CGPE, Eva García; de Nicolas Gonzalez Cuellar, Catedrático de Derecho Procesal, de Zita Hernandez Larrañaga, Magistrada de Barcelona y socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE); de Cira García Dominguez, Magistrada del juzgado de Violencia sobre la Mujer de Castilla – La Mancha; de Sonia Vaccaro, Licenciada en Psicología y socia de AMJE y de Isabel Giménez García, jueza en Barcelona y coordinadora de la Asociación.
Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España, en la inauguración de la jornada, recordó que “la Procura observa que el periplo judicial para una víctima de violencia doméstica y de género y en general para cualquier persona en una situación especial de vulnerabilidad es, sino inexpugnable, cuando menos de muy difícil abordaje, afectados de carencia y de un tratamiento desigual en la realidad judicial de nuestro país y ve muy necesaria una representación integral, personal y profesional para las víctimas desde el minuto uno hasta concluir la actividad judicial, por un procurador o una procuradora formados en perspectivas de género”.
La razón de llamar su atención con este este Acto, subrayó la moderadora de la jornada y presidenta de la Comisión de Igualdad del CGPE, Eva García, se encuentra en un artículo, el 32 de la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima del Delito, que literalmente dice: “los poderes públicos deben fomentar la cooperación con los colectivos profesionales especializados en el trato, atención y protección a las víctimas, fomentando a tal efecto la participación de estos colectivos en los sistemas de evaluación del funcionamiento de las normas, medidas y demás instrumentos que se adopten para la protección y asistencia a las víctimas”.
En este contexto, el profesional de la Procura, que como bien saben ustedes es un operador jurídico de carácter HIBRIDO, porque es un profesional liberal que se postula como representante procesal del ciudadano, reclama una pequeña parada, un punto de inflexión para que reflexionemos sobre una realidad que se está produciendo cada día en los juzgados y tribunales de nuestro país, y es que las víctimas más vulnerables, las víctimas de violencia de género, de delitos de trata de seres humanos, de abusos sexuales, y las víctimas menores de edad o con discapacidad, en su derecho a justicia gratuita tienen derecho únicamente a que se les nombre un abogado desde la denuncia, pero no un procurador.
Y ello es un agravio comparativo, denuncia Eva García, con otras Jurisdicciones como la Civil, porque mientras en la Civil el carácter de los derechos que se ventilan inciden en la esfera privada y la postulación procesal por un profesional de la Procura es preceptiva para la mayoría de procedimientos, contribuyendo a la celeridad, profesionalización y homogeneidad del proceso, en la Penal se protegen derechos fundamentales y el interés trasciende de lo privado para convertirse en una responsabilidad de todos, principalmente de los poderes públicos que deben garantizar a los ciudadanos el cumplimiento de derechos y principios esenciales proclamados en nuestra C.E. como el de tutela judicial efectiva y el de seguridad jurídica.
Para concluir, la presidenta de Igualdad del CGPE, recuerda que “las reformas legislativas tan ambiciosas para las que trabaja este Gobierno, sobre todo las Leyes de Eficiencia Procesal, Organizativa y Digital, y la reforma de la LECRIM, deben extremar su protección, empatía y sensibilidad hacia los colectivos más vulnerables porque no debe perderse la perspectiva de una realidad que se encamina sin tregua hacia la especialización y la tecnología pudiendo excluir irremediablemente a la víctima del sistema. Doble garantía, señorías, defensa letrada para las víctimas, pero también y de forma simultánea, representación profesionalizada e integral por procurador”.
Violencia institucional
Por su parte, Cira García, coordinadora de AMJE y magistrada en Castilla-La Mancha, ha asegurado que “la violencia institucional existe” y que el trato que reciben las víctimas por parte de las instituciones hace en algunas ocasiones que no denuncien. En este sentido, ha puesto en valor el papel que pueden desempañar los procuradores para acompañarlas.
En la misma dirección se ha pronunciado Isabel Giménez, jueza en Barcelona y coordinadora de AMJE, que ha dicho que el proceso está pensado para los juristas, “pero no para los ciudadanos y menos para las víctimas, para quienes es un laberinto”. La jurista también ha criticado el “olvido” al que el legislador somete en ocasiones a la procura, que puede ayudar a “guiar” a las mujeres que sufren malos tratos.
En la mesa redonda también ha participado la psicóloga clínica Sonia Vaccaro, especializada en violencia sobre la mujer y socia de AMJE, que ha dicho que “la víctima es la gran olvidada en el proceso y la gran silenciada”. Ha denunciado, además, a quienes niegan la violencia sobre las mujeres.
Por su parte, Nicolás González-Cuéllar, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha puntualizado que el caso de España no es una excepción, pues en la mayoría de los países del mundo “las víctimas son olvidadas” a lo largo del procedimiento.
La jornada ha finalizado con el discurso de la directora de Innovación del Ministerio de Justicia, que ha dicho que es “fundamental la formación en perspectiva de género” de todos los operadores judiciales a fin de que ninguna mujer maltratada se sienta aislada.
