09 Mar Ejecución civil: una asignatura pendiente. Por Ignacio López Chocarro
Desde hace ya muchos años, venimos observando que, cuando los medios informativos de nuestro país tratan o se refieren a algunos de los males endémicos de nuestra justicia, focalizan éstos tanto en los retrasos que se vienen padeciendo en la jurisdicción contencioso-administrativa como en el ámbito de lo penal, especialmente en la fase de ejecución de las sentencias dictadas en dicha jurisdicción.
Igualmente se habrán dado cuenta que salvo contadas excepciones (que por supuesto las hay), a la hora de leer en la prensa escrita alguna noticia judicial o relativa al funcionamiento de nuestros Juzgados y Tribunales, rara es la ocasión en que lo expuesto se ajusta plenamente a la realidad, excepto, claro está, si se trata de trasladar al ciudadano de a pie los retrasos que padecen la tramitación de la mayoría de las causas judiciales, disfunciones que principalmente se focalizan en las ejecuciones penales, y tan sólo de forma muy esporádica se empiezan a oír algunas voces que relacionan la situación de nuestra economía con el funcionamiento de nuestros órganos judiciales, relación que en cambio ya ha sido recogida en múltiples informes elaborados por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia o por el propio Banco de España, informes que hasta la fecha parecen haber pasado desapercibidos para nuestro legislador.
¿Qué sucede con la ejecución civil? ¿Quién se acuerda de ella?
Si a la mayoría de operadores jurídicos nos pidiesen una rápida valoración de la nueva LEC una vez transcurridos ya más de 17 años desde su entrada en vigor, creo que habría un elevado consenso a la hora de señalar la mejora y aceleración en la tramitación de los procesos civiles en su fase declarativa, apuntando igualmente un evidente desencanto en cuanto a la fase de ejecución, ya que se han producido escasísimos avances con respecto a los resultados que se venían dando con la aplicación o estado vigente el antiguo texto de la Ley.
La “nueva” LEC ha sido objeto ya de innumerables reformas, tantas que todos hemos perdido la cuenta y dentro de ellas, las relativas a la ejecución no han dado ni mucho menos los frutos esperados, sino que más bien al contrario, ya que han supuesto una clara burocratización del proceso de ejecución, del que igualmente en mi modesta opinión se ha alejado muchísimo al Juez, sin que en ocasiones tampoco queden nada claros los espacios o competencias con el Letrado de la Administración de Justicia.
Es verdad y sería injusto no reconocerlo, que las elevadas tasas de litigiosidad debidas a la grave crisis económica que ha padecido nuestro país tampoco han ayudado a aliviar el número de ejecuciones pendientes en nuestros Juzgados, pero ese exceso de ejecuciones civiles nunca puede servir de excusa o para justificar unos índices de ejecución que año tras año apenas alcanzan el 39’10% o dicho de otra forma, el número de ejecuciones que llegan a buen término suponen menos de la mitad de las ejecuciones solicitadas, tal y como recogen anualmente los Informes del Observatorio sobre la Actividad de la Justicia que publica la Fundación Wolters Kluwer.
Ante este escenario podemos quedarnos quietos y no hacer nada más que aceptar la situación como sistémica o en cambio, intentar, por mucho que nos cueste, concienciar a la sociedad y por supuesto a nuestros legisladores, sean del partido que sean, del impacto que tiene en el crecimiento de nuestra economía el adecuado funcionamiento de nuestra Justicia, ya que se trata de una cuestión de claro interés general.
Los procuradores de los Tribunales aun a pesar de tener ya ciertas facultades en la fase ejecutiva, llevamos años siendo una especie de eternos aspirantes al Oscar a la hora de obtener mayores competencias en la ejecución civil; podríamos decir por ejemplo que ya fuimos nominados en el año 1.997 en el Libro de la Justicia del CGPJ y lo hemos seguido siendo en siguientes proyectos fallidos de reforma o incluso en la proposición que si hizo en las Jornadas Anuales de Presidentes de las Audiencias Provinciales celebrados en la ciudad de Toledo en el año 2.012.
Dejando aparte intereses corporativistas, que entiendo en cierto modo legítimos si con ellos se pretende defender a una profesión o a un colectivo profesional que no ha dejado de colaborar permanentemente en busca de una mejora de nuestra Administración de Justicia, sinceramente creemos que ha llegado el momento de buscar soluciones que permitan no solo mejorar la eficiencia de la justicia, midiendo únicamente la duración de los procesos hasta llegar a sentencia, sino acabar también con los largos períodos de tramitación de las ejecuciones y, por supuesto, aumentar los bajísimos ratios de recuperación que hasta la fecha se obtienen de las mismas, unos índices muy alejados de los que serían deseables en una sociedad moderna y avanzada como es la nuestra. Nosotros creemos que tenemos argumentos más que suficientes para defender que podemos ser parte de la solución, pero ahora lo importante es que todos seamos conscientes de la magnitud del problema.
A tal fin, nuestro Colegio juntamente con el Consell de Col.legis de Procuradors de Catalunya, encargó a la Cámara de Comercio de Barcelona y a la Cátedra de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona un informe que analizase el impacto económico en Cataluña, derivado del retraso en el sistema de ejecución de sentencias y otros títulos ejecutivos en el ámbito civil, informe recientemente presentado y que de forma totalmente novedosa(no sólo en España sino también a nivel europeo) analiza y cuantifica de forma específica sobre parámetros tales como el PIB, la población ocupada y la recaudación impositiva, el impacto de ese retraso en la fase de ejecución, con unos resultados, perfectamente trasladables al resto de España, que de una primera lectura llaman de forma inmediata a la reflexión y a la rápida búsqueda de respuestas que permitan acabar con el problema.
Dicho Informe será uno de los ejes principales sobre los que pivotará el 1er Congreso sobre Economía y Ejecución que se realizará en Barcelona los próximos días 15 y 16 de marzo, presidido por el Ministro de Justicia y en el que participarán además de juristas de reconocido prestigio, algunos de los pocos economistas que hasta la fecha han analizado la cuestión en nuestro país.
