El Consejo General de Procuradores de España solicita la suspensión de todos los señalamientos y plazos procesales como consecuencia de la DANA

El Consejo General de Procuradores de España solicita la suspensión de todos los señalamientos y plazos procesales como consecuencia de la DANA

MADRID, 30-10-2024Debido a los devastadores efectos producidos por la DANA que ha impactado con fuerza en la Comunidad Valenciana y otras zonas del Levante y ante la reciente petición de las autoridades de evitar desplazamientos no esenciales, el Consejo General Procuradores de España, ha solicitado la suspensión inmediata de todos los señalamientos previstos para los próximos días en los partidos judiciales afectados, así como en los adyacentes, como medida preventiva para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y profesionales del ámbito jurídico.

Este Consejo General considera también imprescindible la suspensión temporal de todos los plazos procesales en los territorios afectados, asegurando, en todo caso, la prestación de servicios esenciales. La imposibilidad de realizar desplazamientos seguros y las dificultades en la tramitación de notificaciones judiciales y presentación de escritos, tanto de forma presencial como telemática, que realizan los procuradores y procuradoras en su ejercicio profesional, hacen de esta medida una necesidad para proteger los derechos de los justiciables y garantizar el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia.

Los miembros del Comité Ejecutivo de este Consejo General, encabezados por su Presidente, Ricardo Garrido Rodríguez, ha transmitido su apoyo y colaboración a la Presidenta del Consejo Valenciano de Procuradores y a las Decanas de los Colegios de Procuradores de Valencia y Albacete, mostrando su solidaridad y poniéndose a su disposición para coadyubar en la medida de lo posible en paliar los terribles efectos producidos por este desastre natural.

El Consejo General ha hecho llegar esta petición al Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a la Presidenta del Consejo General del Poder Judicial, al Fiscal General del Estado y a los representantes de las instituciones de las Autonomías afectadas, con el fin de coordinar una respuesta que minimice los riesgos para todas las partes implicadas.



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