06 Sep El presidente de Procuradores asiste a la toma posesión como fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
El Salón de Plenos del Tribunal Supremo ha acogido este lunes el acto de toma de posesión de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado.
Tal y como prevé el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, García Ortiz ha tomado posesión de su cargo ante la Sala de Gobierno del alto tribunal, presidida por el presidente de este órgano y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
Han actuado como madrinas del nuevo fiscal general del Estado su predecesora en el cargo, Dolores Delgado, y la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde.
Al acto han asistido, entre otras autoridades, el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez.
Posteriormente, en un acto celebrado en la sede de la Fiscalía General del Estado, al que también han asistido las máximas autoridades del ámbito judicial, ministras del Gobierno de España, además de numerosos miembros de la carrera fiscal, Álvaro García Ortiz ha afirmado que ante los mandatos constitucionales para la configuración de las instituciones no hay alternativa, tanto cuando se trata de nombramientos discrecionales como de otro tipo. El cumplimiento de ese mandato es imperativo e indispensable para el funcionamiento y la credibilidad de las instituciones y para el fortalecimiento de la democracia. “Quienes creemos en el Estado de Derecho sabemos que no se elige el cómo ni el cuándo y que el cumplimiento de la norma no se condiciona”, ha dicho el fiscal general
García Ortiz ha tenido unas palabras de agradecimiento y reconocimiento a Dolores Delgado por su trabajo al frente de la Fiscalía General del Estado y ha asegurado que va a continuar desarrollando el proyecto puesto en marcha hace dos años y medio.
El nuevo fiscal general ha reivindicado el protagonismo de las y los fiscales en la reforma estructural del sistema de justicia penal, “una cuestión de Estado”, a la vez que ha reclamado mayor autonomía para la Fiscalía. “Asumir cuotas de autonomía supone la exigencia de más responsabilidad e instrumentos de contrapeso, pues en democracia, en un Estado de Derecho, ningún estamento o institución puede pretender ejercer sus funciones de manera absoluta”, ha asegurado.
