19 Mar Ofensiva de los procuradores para asumir la ejecución de las sentencias
Los procuradores de los tribunales llevan cerca de 20 años reclamando que se les permita asumir la ejecución de las sentencias judiciales. Nada nuevo ahí. Ahora, sin embargo, disponen de números y estadísticas que demuestran que esa tarea se realiza de manera ineficiente, ya que en Catalunya, por ejemplo, se recupera solo el 21,8% del importe económico pendiente de cobrar.
El jueves se inauguró en Barcelona el I Congreso sobre Economía y Justicia, que contó con la presencia del ministro del ramo, Rafael Catalá. El encuentro ha sido organizado por el Consejo General de Procuradores de España (CGPE), el Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona y el Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Catalunya. Una de la ponencias, a cargo del catedrático de la Universitat de Barcelona (UB) Jordi Suriñach, ha expuesto «las repercusiones económicas de una ejecución civil ineficiente«. El también director del Laboratorio de Economía Aplicada AQR-Lab ha desgranado el contenido de un estudio que ha elaborado junto a la Cambra de Comerç y que arroja conclusiones inquietantes. Ahí va una: «El largo proceso hasta la ejecución efectiva de la sentencia genera un riesgo y unos costes adicionales que pueden ser muy importantes para las empresas y los particulares afectados».
Una millonada en el limbo
En el 2013, siempre según el informe, la cantidad de ejecuciones pendientes en Catalunya ascendía a 6.580 millones de euros (el 76% pertenecen a asuntos hipotecarios), el 3,4% del PIB de la comunidad autónoma. A finales del 2016 solo se había recuperado el 21,8% de esa cantidad. Esto significa que 5.146 millones de euros no han acabado en las manos que el juez había estipulado. El plazo medio para recuperar los importes, tal y como apunta el estudio, es de un año y nueve meses.
Juan Carlos Estévez, presidente del CGPE, explica a este diario que esta es una situación «insostenible», y recuerda que muchos países disponen de una figura, el agente de ejecución, que se encarga exclusivamente de esta tarea. En España son los propios juzgados los que asumen este trabajo, como si no tuvieran ya suficiente trajín. «Una sentencia a tu favor es una buena noticia, pero lo es todavía más cuando de verdad cobras lo que se te debe, y es ahí donde detectamos un déficit terrible«, sostiene el máximo responsable de la Procura en nuestro país. «La única profesión capacitada -continua- es la de procurador». Es lógico que Estévez defiende a su gremio. El informe, que recuerda que España es el único país de la Unión Europea en el que los jueces son los responsables del proceso de ejecución, opina de igual manera: «Los procuradores de los tribunales se encuentran, por sus conocimientos, formación y capacidad, en una buena situación para convertirse en los agentes de ejecución al estilo, por ejemplo, de los ‘huissiers‘ de justicia franceses».
Por su parte, Ignacio López Chocarro, presidente del consejo que algutina los colegios de procuradores catalanes, reclama la «unión de todos los operadores jurídicos para exponer esta situación hasta el final». En su opinión, «se han acabado los complejos» y es momento de «querer, creer y crear». «Los procuradores no tenemos miedo a competir con la administración de Justicia con la ejecución de las sentencias», sentencia. Por eso, al cierre del congreso que ha calificado de «punto y a parte en la profesión«, ha instado a «comunicar bien a la sociedad la magnitud del problema».
Impacto económico
Estévez lamenta que ningún gobierno haya dado el paso de dotar a la Procura de esta competencia. «Hemos tenido oportunidades de alcanzar la meta, pero el legislador, sea del partido que sea, es muy tímido en estos avances. El ministro Catalá, sin embargo, es un convencido de la relación entre economía y Justicia». El presidente del CGPE recuerda que la fortuna congelada en los juzgados «es un dinero que no circula y que no tributa». De vuelta al informe, eso tiene una traducción numérica: «Por cada millón de euros que se pudiera recuperar, se facturarían en Catalunya 687.248 euros más, el PIB se incrementaría en casi 350.000 euros, se generarían 133.006 euros más de rentas fiscales y se contribuiría a generar cinco puestos de trabajo a jornada completa».
Por lo que relata el máximo representante de los procuradores españoles, el problema bascula más entre lo político que entre lo técnico y lo judicial. Estévez asegura que hablar de nuevas competencias «pone en alerta a otras profesiones», y eso hace que los sindicatos crean que, en este caso, se podrían ver afectados funcionarios de la administración de Justicia. Niega la mayor: «Se conseguiría aliviar a la Justicia, de manera que los procesos también se agilizarían». Un plan en el que todos parecen ganar.
ENTREVISTA REALIZADA POR EL PERIÓDICO.
