02 Feb España, a la cola en tiempo medio de ejecución de sentencias
- Sigma Dos y el Consejo General Procuradores de España (CGPE) han presentado hoy el informe sobre “La Ejecución de las Sentencias Judiciales”
- Los resultados del estudio muestra que se han dejado de ingresar casi 11.000 millones de euros por el retraso en la ejecución de sentencias en España
Uno de los grandes problemas de la justicia española es el trámite en la ejecución de sentencias, y son muchos los casos en los que, tras obtener una sentencia favorable, esta ejecución sufre un gran retraso. Según el estudio sobre “La Ejecución de las Sentencias Judiciales”, elaborado por Sigma Dos para el Consejo General Procuradores de España (CGPE), España se sitúa a la cola en tiempo medio de ejecución de sentencias en Europa, sólo por delante de Grecia.
Hungría, junto a Estonia y Lituania se posicionan como los países donde el tiempo medio de ejecución es más corto. Concretamente, en estos tres países pueden pasar solo un par de semanas desde que se emite el título de ejecución hasta que se cumple. Además, junto a Bélgica, son aquellos que disponen de una mayor implementación de medios telemáticos y digitales para agilizar las diferentes fases del proceso. Sin embargo, esta comparativa deja a España como el país de su entorno con los niveles más bajos de implantación de medios digitales para la ejecución de sentencias.
Si hacemos un ranking de eficacia o porcentaje de éxito para la finalización del proceso, en España solo uno de cada cuatro procesos judiciales termina en una ejecución efectiva de la sentencia, muy por debajo de lo que ocurre en los países europeos de nuestro entorno. Estonia y Bélgica se posicionan como los países con mayores tasas de ejecución de sentencias, llegando en algunos casos al 85%. También hay un segundo grupo de países, con tasas de entorno al 40-60%, como son Francia, Países Bajos, Luxemburgo, y Lituania, donde se logra acabar con éxito la mayoría de los procedimientos de ejecución.
Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial en España, referidos a 2018 y 2019, en 2019 sólo se habían ejecutado una de cuatro sentencias civiles que estaban en trámite durante ese año. Aproximadamente el 60% del total de sentencias civiles tramitadas son sentencias de ejecución dineraria, que tienen un importe medio de 10.000 euros.
Con estos datos, en 2019 la tramitación de estas sentencias representaba un volumen global de, prácticamente, 14.500 millones de euros. De esta cifra a finales de 2019 solo se habían ejecutado sentencias por valor de poco más de 3.500 millones de euros. Por tanto, según la estimación del impacto económico de estos retrasos, se habrían dejado de ingresar casi 11.000 millones de euros.
¿Cuál es la figura de los procuradores en España?
El estudio ha analizado también algunos aspectos concretos sobre la figura de los procuradores, pieza clave en la ejecución de sentencias.
En España, el proceso de ejecución de sentencias requiere la participación del tribunal (organismo al que hay que solicitarle la ejecución de la sentencia, importe, intereses y costas), el juez (será quien dicte un auto decretando la ejecución) y el Letrado de la administración de Justicia (que emitirá un decreto acordando las medidas que se han solicitado). La implicación de todas estas figuras jurídicas, y el hecho de que el procurador tenga que solicitar cada paso al tribunal, hace que el procedimiento de ejecución no sea ágil y rápido, duplicando o triplicando, en algunos casos, el tiempo.
En este sentido, este procedimiento es atípico si lo comparamos con lo que ocurre en el resto de países europeos de nuestro entorno, donde el Huissier o Agente Judicial es la persona responsable de todo el proceso de gestión y tramitación, sin intervención de otros profesionales.
Metodología
Para la elaboración del estudio, se ha solicitado a 11 personas que ejercen la profesión de Procurador o figura similar en otros países de Europa, que cumplimenten un breve guion de preguntas abiertas sobre el funcionamiento del procedimiento de ejecución de sentencias. Los países que han participado han sido: Francia, Bélgica, Luxemburgo, Estonia, Escocia, Hungría, Lituania, Países Bajos, Grecia, Portugal y España. El trabajo de campo ha sido realizado de octubre de 2020 a enero de 2021.
