El jurista pone en valor la figura del mediador en procesos de menor cuantía, como los divorcios, con el fin de alcanzar un entendimiento previo y no llegar al pleito. «Sería una manera de desatascar los juzgados», afirma.

El pasado 18 de diciembre, la procura salió la calle, explica Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores. «Esta fue la primera vez que esta actividad, a la que se dedican 11.400 profesionales en España, celebra su día nacional», señala. Esto aporta más visibilidad a una labor muy desconocida por la sociedad. «En el ámbito de los juzgados es de sobra conocida, no así por los ciudadanos, que tienen un alto déficit de conocimiento de la profesión», manifiesta este abogado, que recuerda que los procuradores, licenciados en Derecho, son figuras esenciales en cualquier juicio: representan a sus clientes y son quienes reciben la notificación del juzgado referida a un procedimiento. Su intervención en él es obligatoria, ya que encabezan los escritos, aunque sean redactados por un abogado.

El evento se celebró en el auditorio de Caixaforum de Madrid, donde se habló del estado de la profesión y sus particularidades como la alta presencia femenina, un 70% del colectivo. La cita sirvió, además, para reivindicar una vieja petición de este colectivo: el pacto de Estado por la Justicia. «Es una de muchas -especifica-, pero ésta es especialmente importante». Lograr este consenso, opina, debería ser fácil, ya que «la Justicia es uno de los ámbitos con menos carga ideológica; si hablas con los representantes de esta materia de los distintos grupos parlamentarios se ve que todos piensan lo mismo».

Hay otras cuestiones que preocupan igualmente como «la competencia feroz que existe en los honorarios que se cobran, llamados aranceles en nuestra profesión». Esta circunstancia está llevando a la práctica del dumping, es decir, bajar los precios por debajo del coste, «con el fin de eliminar competidores y absorber más negocio, creando despachos de procuradores que, en muchas ocasiones, no están regidos por profesionales del sector». ¿El resultado? «Cae el nivel de calidad hacia el cliente, desvirtuando el ejercicio de la actividad».

Un actor al que se quiere dar más peso es el mediador con el fin de externalizar ciertas cuestiones y no tener que llegar a juicio. «Sería una manera de desatascar los juzgados», explica. «En conflictos de pequeña cuantía, como los procesos de divorcio, es aconsejable la mediación para que las partes lleguen a un acuerdo antes de terminar en un pleito», añade. Pero recuerda que «en España todavía no hay cultura social de mediación; la mayoría quiere que su conflicto lo resuelva un juez, que le aporta más confianza».

Falta de celeridad

Agilizar la ejecución de los procesos está también en el punto de mira. Pero, antes de ahondar en esta cuestión, Estévez defiende que «en contra de lo que piensa la gente, la Justicia en España funciona bastante bien comparada con otros países, tanto en calidad de las sentencias como en los tiempos del proceso. Un pleito civil aquí tarda menos que en Francia o Alemania». Sin embargo, apunta, «es en la ejecución de las sentencias donde pasamos de ser campeones a ser los últimos de la cola». Esta falta de celeridad en Europa la tienen resuelta con una figura, los agentes de ejecución, «una profesión que aquí no existe y reivindicamos desde hace tiempo», concluye.