Juan Carlos Estévez en Lorca: «Hay una percepción de la Justicia que no se corresponde con la realidad»

La cabeza visible de la procura, Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, acudió el viernes a Lorca para presidir los actos del Colegio de Procuradores. Allí habló de los problemas de la Justicia en nuestros días. De la percepción que los ciudadanos tienen de esta que, afirmó, «no se corresponde con la realidad». Los plazos le preocupan, pero difícilmente se pueden cumplir, señaló, con causas «en las que hay 1.000 imputados y 300.000 folios». Y se mostró a favor de un pacto de Estado por la Justicia para conseguir un acuerdo en temas fundamentales.

–¿Qué problemas tiene la Justicia de nuestro país en la actualidad?

-Los problemas son múltiples, pero la Justicia española es buena. Buena, en celeridad y calidad, aunque todo es mejorable en la vida comparativamente hablando con otros países. Depende de en qué jurisdicción hablemos, también. Y creo que la percepción del ciudadano no es exactamente esa. No sé por qué la ciudadanía tiene una percepción de la Justicia que no se corresponde con la realidad. Primero, en cuanto al funcionamiento de la misma y, segundo, en cuanto a la politización de la Justicia y de los jueces. Yo estoy convencido de que los jueces dictan las sentencias con conciencia. Que puede haber politización en algunos casos extraordinarios, en lo que se refiere a los jueces… Otra cosa pueden ser los órganos que rigen la Justicia de alguna manera, pero eso no es la Justicia exactamente. No hay que confundir el Consejo del Poder Judicial, con una sentencia dictada por un juez. El Consejo del Poder Judicial es un órgano político, pero es que es un órgano político constitucional y es el poder judicial. El representante del poder judicial es el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Eso no quiere decir que los vocales y el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial sean políticos, aunque tiene esa vertiente política. Y no quiere decir que el resto de los 4.000 jueces españoles estén politizados. ¡Para nada! Sin embargo, esa sensación está instalada en la gente, en la ciudadanía, y es difícil de erradicar. A ello, contribuyen mucho las noticias en los medios, las redes sociales… En seguida que hay una sentencia que no le gusta a la gente, que le suena rara, hay que buscar el porqué y saber qué juez la ha dictado y si lo ha hecho con alguna intención.

–Las mayores críticas hacia la Justicia son por su lentitud. Hay procesos casi eternos.

-Es lenta pero, repito, comparativamente no es tan lenta. La lentitud se denota más en la jurisdicción penal, posiblemente. Y, sobre todo, en las macrocausas. En otros temas no es tan lenta, tampoco en lo penal. Qué ocurre, que a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos aquí las causas penales se tramitan con la pieza de responsabilidad civil unida y eso hace que se dilate todavía más la tramitación. Pero recordará usted en Estados Unidos el ‘caso Madoff’, del famoso banquero que estafó a tanta gente, que aquí en España se puso como ejemplo porque a los pocos meses estaba juzgado y en la cárcel, pero ese procedimiento sigue tramitándose en lo que se refiere a las responsabilidades pecuniarias. Como en España va todo junto… Quizás habría que diferenciarlo y hacerlo al estilo americano. Y quizás habría que tratar de diversificar las macrocausas de alguna manera. Perseguir a los más caracterizados, a los más importantes, dictar sentencia y luego seguir con las causas a los menos importantes.

–De esta forma, los plazos difícilmente se pueden cumplir.

-Cómo se van poder cumplir los plazos en una causa en la que a lo mejor hay más de mil imputados. Y hay 300.000 folios. Es imposible como no se trocee. Ese es el gran defecto en lo que se refiere a la jurisdicción penal. En la civil, donde actuamos más los procuradores y la que creo que debe interesar más a los ciudadanos que es la que decide sobre su vida, habría que mejorar sobre todo en ejecución de sentencias, que venimos reclamando los procuradores. En todos los países adelantados las ejecutan unos profesionales que se llaman agentes de ejecución, que en España no existen y que reivindicamos los procuradores como futuro de nuestro ejercicio profesional. Creo que agilizaría mucho la Justicia.

–Lexnet y la digitalización, ¿agilizan o complican el trabajo?

-Todas las tecnologías son herramientas. Como tales herramientas que son deberían beneficiar y hacer más llevadero y más sencillo el trabajo. Pero, para manejar las herramientas, hay que estar instruido en su manejo. Y muchas veces tenemos la costumbre de poner a funcionar algo sin saber cómo se le da cuerda a la máquina. Lexnet funcionaba muy bien cuando solo estábamos los procuradores. Tiene unas capacidades, un volumen… y cuando han entrado otros profesionales se ha multiplicado potencialmente el número de usuarios y ha hecho que algunas veces se colapse.

–Pero, Lexnet les obliga a trabajar los 365 días del año las 24 horas.

-Exactamente no es así, porque se pueden recibir notificaciones y presentar escritos los 365 días del año las 24 horas. Pero las notificaciones que envían los tribunales a los profesionales -las enviadas hoy- se entiende que a partir de las tres de la tarde tienen fecha de mañana. No hay que tramitarla a las cuatro de la mañana. Lo que sí que han cambiado son los usos de trabajo, pero la sociedad avanza y los profesionales tenemos que ir al mismo ritmo. Hace 20 años no había teléfonos inteligentes ni hace 40, ordenadores.

–¿Están en vías de extinción los procuradores?

-De eso se viene hablando no sé cuántos siglos. Soy hijo y nieto de procurador y, desde que tengo uso de razón, lo vengo oyendo en mi casa. En actas del siglo XVI y XVII de la junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Salamanca, el más antiguo de España, se habla de esa historia. Los procuradores tenemos una facultad camaleónica de adaptación a las necesidades de la Justicia y de la ciudadanía. Hemos evolucionado en los últimos quince años a una velocidad meteórica.

–¿Es necesario un gran pacto de Estado por la Justicia?

-Totalmente. Hubo uno allá por el año 2000 y, ahora, había momentos que parecía que había posibilidad. Tanto es así que se creó en el Congreso de los Diputados -dentro de la Comisión de Justicia- una subcomisión de pacto de la Justicia donde hemos intervenido diversos profesionales. Parecía que iban a salir proyectos comunes, pero esa subcomisión se ha roto. Se ha roto porque intereses partidistas -como ocurre siempre- priman sobre intereses de la generalidad o de los ciudadanos. Primero se marchó Podemos, luego Ciudadanos y después PSOE, cuando había una serie de propuestas muy interesantes. Tanto, que el ministro de Justicia dijo que, aunque no habían sido aprobadas por la comisión, pero sí habían sido hechas y aprobadas por esa subcomisión, las tomará e intentará llevarlas adelante.