
21 Feb Los letrados de la Administración de Justicia presentan su radiografía del sector con propuestas clave para modernizar la Justicia
En la presentación del documento, que tuvo lugar en la Real Academia Española de Jurisprudencia, los letrados de justicia lanzaron una batería de propuestas al Ministerio de Justicia. Al acto asistió, el presidente del Consejo General de Procuradores de España. Ricardo Garrido, y el secretario del Consejo, Alberto García Barrenechea bajo la premisa de que la Administración de Justicia necesita del esfuerzo y colaboración de todos los operadores jurídicos y más, en un momento en la que la sociedad nos reclama asumir nuevos retos para la mejora de su gestión.
Los letrados solicitaron a Félix Bolaños ser realistas con los plazos para implementar la Ley de Eficiencia que entró en vigor a comienzos de año. El Colegio Nacional ha insistido en que “la atropellada previsión transitoria de la ley” puede provocar tensiones en el funcionamiento de los juzgados.
El documento pone el foco en cinco grandes ejes: la implantación definitiva de la Oficina Judicial y los Tribunales de Instancia, la mejora de la carrera profesional, la modernización tecnológica, la recopilación y análisis de datos objetivos y el reconocimiento del papel fundamental de los LAJ en el sistema judicial.
Un reciente informe del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) revela que este cuerpo ya resuelve casi tantos asuntos por decreto como los jueces por sentencia. Según el documento, presentado este jueves, la labor de los letrados de la Administración de Justicia se traduce en 821 millones de euros en ingresos y ahorros para las arcas públicas. En concreto, 117 millones en multas, 85 millones en intereses de cuentas de consignaciones y 363 millones en ahorro por notificaciones telemáticas.
En 2023, continúa el estudio, las ejecuciones judiciales superaron en un 11,7% a las ingresadas, consolidando la mejora en esta fase del proceso. 3,2 millones de decretos de admisión fuero dictados. Además, los LAJ dieron salida por decreto casi a tantos asuntos como los jueces por sentencia. En el ámbito civil, por ejemplo, los decretos dictados por los LAJ representaron el 36% del total de resoluciones finales, superando incluso a las sentencias en algunos casos.
En segundo lugar, los letrados exigen actualizar la normativa de Puestos tipo y aprobar el Real Decreto de sustituciones. Ven vital poner en marcha un plan suficientes de oposiciones para cubrir el gran número de jubilaciones que próximamente se producirán. “En los próximos años necesitamos al menos una oferta pública de 300 plazas anuales”, reclaman.
Además, los Letrados insisten en la plena implantación – no a trompicones – del expediente judicial electrónico y que todas las aplicaciones utilizadas para la gestión de los expedientes sean interoperables, es decir, que sean compatibles de una región a otra. Las propuestas incluyen la obtención automatizada de estadísticas, la interoperabilidad de las aplicaciones de todo el territorio nacional, la interconexión entre oficinas judiciales y registros de la propiedad y administraciones públicas, automatización de SIRAJ y la implantación de la inteligencia artificial en los sistemas de gestión.
Y por último, ponen de manifiesto la necesidad de reconocer las funciones de los letrados en la cooperación jurídica internacional, potenciar su intervención en el procedimiento penal, en la asistencia a las víctimas, “especialmente de violencia de género, en la conciliación y mediación intraprocesales a cargo de los Letrados de la Administración de Justicia, y mejorar la regulación de la ejecución penal, muy insuficiente”, expresan.