07 Jul El Rey destaca el papel de la Constitución para garantizar el «sometimiento de todos los poderes» a la ley
Don Felipe a su llegada a la sede del Tribunal Constitucional fue recibido por el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet; la presidenta del Senado, Pilar Llop, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, entre otras autoridades.
A continuación, ya en el vestíbulo de la sede del Tribunal Constitucional, Don Felipe recibió el saludo de los magistrados del Tribunal. Seguidamente, y tras una fotografía de grupo, accedió a la galería de retratos donde realizó una parada frente a unas vitrinas que contenían los documentos fundacionales y referentes del Tribunal Constitucional.
Acto seguido, Su Majestad el Rey se dirigió al Salón de Actos donde ocupó su lugar en la mesa presidencial, y tras la interpretación del himno nacional y del minuto de silencio, tuvieron lugar las intervenciones del presidente del Tribunal Constitucional y de Su Majestad el Rey.
En su intervención, Don Felipe destacó que «homenajear al Tribunal Constitucional, clave de nuestra arquitectura constitucional, nos remite invariablemente a la justa valoración del periodo más largo de desarrollo social, político y económico de la historia de España, que es el que hemos vivido en las últimas décadas…un periodo que ha hecho posible la convivencia en libertad entre los españoles, basada en principios democráticos garantizados por el respeto a la ley como expresión de la voluntad general de los ciudadanos».
Finalizada su intervención, Su Majestad el Rey se trasladó a la Sala de Vistas donde mantuvo un encuentro con una representación de trabajadores del Tribunal Constitucional y tuvo lugar una fotografía de grupo, y posteriormente se dirigió al vestíbulo de entrada donde mantuvo otro encuentro con los asistentes.
El Tribunal Constitucional está integrado por doce miembros, que ostentan el título de Magistrados del Tribunal Constitucional. Son nombrados por el Rey mediante Real Decreto, a propuesta de las Cámaras que integran las Cortes Generales (cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado), del Gobierno (dos) y del Consejo General del Poder Judicial (dos).
El sistema de competencias atribuidas en la actualidad al Tribunal Constitucional es el siguiente:
a) Control de constitucionalidad de normas con rango de ley, sean del Estado o de las Comunidades autónomas. Este control se realiza a través del recurso de inconstitucionalidad y de la cuestión de inconstitucionalidad. El primero es un recurso directo y abstracto, promovido por el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados o Senadores y los Gobiernos y Parlamentos autonómicos. De todos ellos conoce el Pleno del Tribunal.
b) Conflictos constitucionales. Bien entre el Estado y una o más Comunidades Autónomas o de dos o más Comunidades Autónomas entre sí; bien entre órganos constitucionales del Estado. Los primeros pueden ser positivos o negativos; aquéllos tienen por objeto normas sin rango de ley que son expresión de una controversia entre el Gobierno de la Nación y los Ejecutivos autonómicos sobre la distribución constitucional y estatutaria de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas; pueden plantearlos los Ejecutivos estatal y autonómicos. Con los conflictos negativos se trata de resolver la titularidad de una competencia respecto de la que ninguno de los órganos requeridos se estima competente, y puede ser promovido por particulares y por el Gobierno de la Nación. Los conflictos entre órganos constitucionales pueden enfrentar al Gobierno de la Nación, al Congreso de los Diputados, al Senado y al Consejo General del Poder Judicial entre sí, y tienen por objeto la definición de sus respectivas atribuciones competenciales.
c) Conflicto en defensa de la autonomía local, promovida por municipios y provincias con ocasión de leyes o normas con rango de ley, estatal o autonómica, que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.
d) Control previo de constitucionalidad de Tratados internacionales, a requerimiento de Gobierno, del Congreso o del Senado. Se trata de un procedimiento en el que se pretende evitar la integración en el Derecho español de normas internacionales contrarias a la Constitución. Se han dado dos casos en los que se hizo uso de ésta vía de control del Tribunal. El primero concluyó que España sólo podía integrar el Tratado de Maastricht si previamente se reformaba el art. 13.2 de la Constitución, como así se hizo (agosto de 1992). Y el segundo fue la declaración 1/2004 en la que se dijo que no hacía falta modificar la Constitución para incorporar la llamada Constitución Europea.
e) Recurso de amparo, del que conocen las Salas, que puede ser interpuesto por cualquier persona, nacional o extranjera, física o jurídica, en defensa de los derechos reconocidos en los arts. 14 a 30 de la Constitución.
